Este tema sobre las “chuzadas” del DAS hubiese merecido unos protagonistas con más criterio y menos susto. Seguramente otra cosa hubiese sido este episodio con los directivos de la década pasada de los 90´s. Esos sí sabían para qué era el DAS y para qué ese poder en sus manos. Eso de las chuzadas es cuento viejo y a muchos nos chuzaron y nos persiguieron con saña criminal desde el DAS en la década pasada. Y nada pasó. El 2 de octubre de 2005, el representante Carlos Alonso Lucio del M-19, “hace públicas varias grabaciones en las que conversan el director en Colombia de la DEA con sus superiores en Washington y en la que, según Lucio, se demuestra la conspiración de la DEA contra el gobierno de Samper” y nadie explicó quién o qué entidad chuzó esa conversación, ni cómo obtuvieron la indagatoria de Santiago Medina, tampoco lo explicó nadie. Sin embargo todo se supo, pero nadie respondió judicialmente. El periódico La Prensa, dirigido valientemente por Juan Carlos Pastrana, denunció y publicó ampliamente esas irregularidades. Era la época del “mamola” para los que reclamaban trasparencia del gobierno.
Estos funcionarios del DAS del caso reciente, en lugar de andar a las escondidas en el tsunami mediático que les montaron los que en la década pasada estaban manejando y cerca del DAS de entonces, debieron darle la cara a los Colombianos y entregar a la opinión pública todos los archivos e investigaciones que hicieron y enfrentar develando a los enemigos de nuestra estabilidad democrática y que ahora fungen de adalides de la justicia y absurdamente son jueces, cuando en realidad deberían tener otra posición en los estrados judiciales. La seguridad del estado es una función estratégica y vital para cualquier país, que permite, sin mayor explicación, aplicar el inmediato desalojo de su territorio a quien consideren peligroso para su seguridad nacional y tener corticos en sus andanzas a personajes que mantengan nexos con estados hostiles o grupos terroristas, porque de no hacerlo, por equivocados cálculos políticos que no van en este tema, sus resultados serian de un costo muy alto para el país y los ciudadanos. Con mayor razón se debe ejercer milimétricamente cuando se trata de elementos abiertamente hostiles con el sistema democrático al que con el crimen y el terrorismo han tratado de derrocar para imponerle al pueblo un sistema comunista, esclavista y genocida.
Pero que a raíz del asilo de la exdirectora del DAS en Panamá, ciertos personajes hipócritamente se rasguen sus vestiduras y emitan alaridos de hienas escandalizadas por ese asilo, produce nauseas. Eso de victimizarse cuando han guardo silencio frente a asilos peores, cuando han callado frente a asilos de lesa humanidad, frente a asilos de sindicados y procesados con los que tuvieron o tienen ocultas militancias y vergonzosos silencios, los deja en evidencia repugnante y pecaminosa. Los que hoy gritan por este asilo, personas y organizaciones, han guardado silencio cómplice en muchos casos, como estos:
CASO ALVARO LEYVA.- “En 1994 José William Romero, campesino de 70 años que movió más de $10.000 milones en su cuenta bancaria en cuatro meses, giró a su nombre un cheque por $49 millones. Romero era empleado de Jairo Aparicio Lenis, prófugo de la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Leyva dijo en indagatoria ante la Fiscalía que era un pago por la venta de unas volquetas a la empresa minera Cominco, de la cual Aparicio era socio. No obstante, no ha podido acreditar la existencia del contrato de compra-venta. Pocos días después de la declaración de Leyva, Aparicio sustentó esta versión ante una notaría en Ipiales. La Fiscalía le dictó a Leyva medida de aseguramiento. Leyva salió a México y luego a Costa Rica donde pidió asilo político….Ha sido acusado de "estafeta de la guerrilla" y ha sido citado a diversos juzgados a explicar sus vínculos con la subversión. Inclusive en 1991, el senador Armando Varona lo denunció por enriquecerse como mediador de secuestros.”
En este caso, Leyva era amigo personal del presidente del momento, Andrés Pastrana. Sin embargo se asiló aduciendo persecución política judicial. Y los escandalizados fariseos de hoy, guardaron humanitario silencio.
De 'Hernán Ramírez', 'Miguel Díaz Pachi', 'Juan Antonio Rojas' y 'Olga Lucía Marín' se afirma que son vistos en Europa gozando de extraña protección política haciendo acción internacional de las FARC y que en Carolina del Norte hay un grupo grandecito de colombianos, abiertos seguidores de las Farc, que posan de ecologistas y ninguno de los escandalizados de hoy han dicho nada.
CASO GLORIA LARA DE ECHEVERRI.- Las siguientes personas, miembros de una organización armada clandestina- Organización Revolucionaria del Pueblo- ORP, de ideología comunista- algunos de ellos vinculados a la Universidad Nacional, fueron condenados en 1992 a 28 años de cárcel por el secuestro y asesinato atroz de la Directora de Acción Comunal, la señora Gloria Lara de Echeverri, ocurrida el 23 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. En octubre 3 de 1983, contra toda evidencia en el proceso, pues habían confesado libremente el crimen, un juez ordena su libertad. Esta medida fue revocada y ordenada su recaptura un mes después por el Tribunal nacional, pero en diciembre del mismo año (1983) se conoce que los asesinos se encontraban en Europa en calidad de “refugiados políticos” o sea asilados. De manera que fue imposible recapturarlos y, asilados, se establecieron en Europa. Sus abogados presentaron recurso de casación ante la Corte Suprema y esta institución de justicia en forma inexplicable dejó vencer los términos en el 2002, sin resolver el recurso, con lo cual el caso se quedó sin sanción penal, pese a que habían sido condenados a 28 años de prisión.
Estos los nombres de los condenados asilados: Hernando Franco D´Laytz (Universidad de París); Martha Filistrof de Franco (Suiza); José Miguel Gamboa López (Instituto Bruno Kresty, Austria); Miguel Ángel Vargas; Gloria Medellín; Diana Giraldo; Graciela Inés Acosta ; Víctor Rojas (Escribe poesía y recibe galardones de la academia sueca); Juan Tadeo Espitia Supelano; Fredy José Rivera Arboleda; Gilberto Antonio Rivera Mesa; Froilan Rivera Mesa (Trabaja en Suecia en ONU); Emperatriz Santander Cancino (Se hace Sandinista y vive en Nicaragua desde 1987); Robinson Rafael Rivera Arrieta; Rodrigo Alberto Penilla Candela; Betty Suárez; Enán Lora(Se quedó en Colombia vinculado al GEGA grupo que asesinó al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado)
Se sabe que tienen nacionalidades de: Dinamarca, Francia, Suecia, Austria y España. Se sabe también que los apoyan: Amnistía España y la federación Española de derechos humanos, entre otras ong. Organizaciones con las que mantienen estrecha relación nuestras ong`s colombianas, cuyos miembros hoy rasgan sus vestiduras por el asilo de la ex directora del DAS.
“La diplomacia de las FARC que les permite llevar su gente a Europa, se hace a través de unos abogados intermediarios. Es decir, hay unos tipos que se han especializado en derecho de emigración, y se encuentran en Suecia, en España, en Francia, en Londres. A esa gente ya la tiene contactada las FARC; ellos les pagan a estos tipos, y organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Española de Derechos Humanos, para presentar el caso como si se tratara de perseguidos políticos. Estos tipos que trabajan con las FARC, reciben los casos, les dan la plata y ellos los tramitan y les consiguen el asilo. Tienen muy bien montado el negocio, pues por cada trámite cobran alrededor de US$ 10.000.” (Gloria Lara. La Flor de la esperanza. Luz María Echeverri Lara, marzo de 2006)
El juez 16 superior Enrique Alford, el 3 de octubre de 1983, los dejó en libertad, plasmando para la historia judicial de Colombia, su militancia ideológica, lo que le aseguró la crítica de muchas personas, entre ellas el procurador Carlos Jiménez Gómez.
Dos meses después el Tribunal revoca la decisión de Alford y ordena recaptura de los 18 autores del crimen de Gloria Lara…pero ¡oh sorpresa!, ya estaban en Europa, gozando de excelente y oportuno ASILO. Sin embargo Alford no acata la orden del Tribunal y no ordena la captura de los criminales, hasta que el proceso pasa a otra juez, la 39. En junio de 1985, extrañamente, el caso es calificado por Alford, quien no llama a los 18 criminales a juicio, pero en cambio, en julio de 1985, su nombre es propuesto para formar parte de la Corte Suprema de justicia. En aquella ocasión no alcanzó los votos necesarios, pero luego de unos años sí. A los 4 meses eran quemados los magistrados de la Corte Suprema por parte del M-19. Cría cuervos…..
Enrique Alford, premiado por la judicatura, para 1997 era magistrado del Tribunal de Bogotá. En 1986, octubre 7, el Tribunal revoca la medida de Alford y llama a juicio a los 18 criminales. Y en agosto 20 de 1992; el Tribunal Nacional, condena a 28 años de prisión a todos los autores materiales del crimen de Gloria Lara.
En 1995 el proceso va en Casación a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente fue Carlos E. Mejía Escobar y se nombra conjuez a Fernando Arboleda Ripoll, quien se inhabilita por haber asesorado a los abogados defensores de los criminales en cabeza de Alejandro Hernández y Gustavo Gallón!!, connotado “defensor de derechos humanos” del Cinep y la Comisión colombiana de juristas. De manera que se nombra nuevo conjuez y escogen a Alfonso Gómez Méndez !!
En agosto de 1995 el proceso pasa a concepto de la procuraduría. En mayo de 1997 el procurador Germán Pabón Gómez emite concepto luego de dos años!!!.
En 1997 el nuevo magistrado ponente fue Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien tres años después decreta la prescripción del proceso, porque resulta que luego de ejecutado el auto de proceder el termino de prescripción es de tan solo 10 años. Tan bien asesorados jurídicamente estos criminales.
Como ominoso corolario, recordemos que el proceso llegó a la Corte, el 22 de febrero de 1995, un año y medio antes de su prescripción.
De estas aberraciones, impunidades y descarados asilos no dijeron nada los hipócritas escandalizados de hoy. Como siempre, jugando a la amnesia de nuestro pueblo y a la perenne impunidad que los cubre.
